“Se dañó” el CD del sumario y no se perició al PDI

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Este “suicidio” se decidió sin periciar las ropas ni las manos del PDI, ni detenerlo ni un minuto. Incluso unos policías lo fueron a buscar por lo cual Carabineros de Chile no pudo detenerlo como habría procedido con un sospechoso.
Fue en una comuna pobre de Santiago, Independencia, en un edificio populoso.
Cindy tenía 24 años, había estudiado peluquería, pero accedía al trabajo sexual. Quería sostener las necesidades de su pequeña hijita con holgura, y soñaba con abundancia y viajes, sin embargo, sus ingresos no se acercaban a sus aspiraciones.

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X victoria aldunate morales, Red de Terapeutas Tierra y Territorio

Cindy Estrada Muñoz tuvo una discusión en su departamento con su cliente de esa noche, el PDI Nicolás Antonio Cortez Encina. Según una testigo que habló con ella por teléfono en esos momentos, habría sido por dinero. Vecinas y vecinos del edificio reportaron una pelea entre un hombre y una mujer seguida de dos disparos.

Cindy y Cortez Encina habían bebido desde la una y media de la mañana del 23 de septiembre de 2021. Tal vez, hubo otras sustancias, pero en los informes de autopsia se afirma: “0 por ciento de alcohol en la sangre de la víctima”. Tampoco se registra presencia de drogas.

El Servicio Médico Legal informa solamente un balazo, no dos, además de “lesión balística craneoencefálica, correspondiente a disparo con apoyo compatible con ser auto-inferido según su trayectoria”. Luego de eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito refuerza “un disparo en sitio de elección suicida”. Es un informe integrado, el N°155, pericial N° 7272-2021, en el que participan Carabineros, Ministerio Público, Investigaciones de Chile (PDI), Servicio Médico Legal (SML) y hasta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de la época.

Este “suicidio” se decidió sin periciar las ropas ni las manos del PDI, ni detenerlo ni un minuto. Incluso unos policías lo fueron a buscar por lo cual Carabineros de Chile no pudo detenerlo como habría procedido con un sospechoso.

Fue en una comuna pobre de Santiago, Independencia, en un edificio populoso.

Cindy tenía 24 años, había estudiado peluquería, pero accedía al trabajo sexual. Quería sostener las necesidades de su pequeña hijita con holgura, y soñaba con abundancia y viajes, sin embargo, sus ingresos no se acercaban a sus aspiraciones.

El policía mintió

Cortez Encina entró al edificio a la 1 de la mañana y lo hizo mintiendo. Le dijo al guardia que iba a un procedimiento por un supuesto robo de auto, pero no fue así. Luego dijo que esa noche se habría quedado dormido y no habría despertado hasta las 7 y media de la mañana, pero el diaporama de las cámaras de seguridad del edificio, muestran a Cindy a las 6:43 de la mañana en el pasillo del piso 17, y once minutos más tarde, se ve aparecer a PDI en el mismo piso. Este desaparece y 9 minutos después entra al ascensor. Durante 1 hora y 9 minutos no se le ve para nada, pero a las 8 y 12, aparece: va al estacionamiento, sube a un auto, parte, luego se devuelve y estaciona otra vez. A las 8:45 de la mañana llegan dos sujetos de civil a la conserjería y se juntan con él[1].

10 hojas “dañadas”

Al expediente de la muerte de Cindy le faltan 10 hojas, la nueva abogada que lleva el caso desde 2025, Marcela Coronado, solicitó esas hojas y todo el expediente. Esperó desde inicios de 2026 hasta agosto que le fuese entregada la información requerida. En agosto, la Fiscalía le respondió que podía retirar el CD, pero lo que la abogada obtuvo fue un CD dañado. Coronado explica: “O no estuvo bien cuidado o lo dañaron, no lo podemos ver. Es largo pedirlo otra vez. Es que carguen el sumario desde la prefectura que lo realizó, y que carguen toda la causa nuevamente”. Le preguntamos si esto es frecuente. Para la abogada “no lo es”, pues “la cadena de custodia debería funcionar. No han sido muchos los movimientos y cada vez que el fiscal revisa el sumario lo saca, lo anota y lo vuelve a guardar”. Lo que falta en ese expediente dañado es clave: los videos de las cámaras y el celular periciado de la víctima.

Mujer baleada, detective sospechoso

El día 23, desde las 12 del día, los medios de comunicación masivos, televisión, diarios, radios, de acuerdo a los registros de sus reporteros, afirmaban que la mujer, o sea Cindy, había sido baleada con dos disparos. Solo al otro día aparece la palabra “suicidio”. “Una madre de 24 años murió”[2], dice un titular, y un periodista de matinal sugiere que “hay inconsistencia, él dice que se quedó dormido, pero llamó al conserje para decirle que había una mujer corriendo por los pasillos... Se habla de un posible suicidio, tiene dos impactos de bala en la cabeza, ¿cómo se puede producir eso?” [3], pregunta el comunicador. Un titular también informa que el policía fue detenido, aunque eso nunca pasó[4].

En otro medio, los vecinos declaran a la tevé que “escucharon discutir fuertemente a un hombre y una mujer, y dos detonaciones, una primero, y demoró la segunda”. Y que “le dispararon a una chama, le dieron 2 tiros”[5].

El estado chileno no reconoce a las víctimas vulneradas

La primera abogada del caso, Betsabe Carrasco, junto con la madre de Cindy, a fines de 2021 y ante el peso de los informes del Estado chileno y la ausencia de la figura legal de suicidio femicida, colocaron una querella por “auxilio al suicidio”. Es una denominación controvertida para un crimen machista, pero el contexto es un Estado chileno que no reconoce que, a las mujeres se las obliga a suicidarse, se les empuja a la muerte, o se las mata; y que, si hay riesgo para alguna autoridad, podría intervenirse el sitio del suceso, o directamente no se pericia, especialmente cuando las víctimas no importan lo suficiente.

El Estado chileno, también es un Estado que invisibiliza que las trabajadoras sexuales, en toda Latinoamérica, sufren mucha violencia policial. El Informe sobre violencia contra trabajadoras sexuales del año 2023 y contra trabajadoras sexuales migrantes de 2024, de la organización latinoamericana RedTraSex, en la que participan organizaciones de Chile, afirma que más del 80 por ciento de estas trabajadoras no colocan denuncias formales ante las policías porque la mayoría de ellas, justamente, vive violencia de esas mismas policías, y que las trabajadoras migrantes, tienen tres veces más probabilidades de ser abusadas física y sexualmente, nuevamente, por estas policías[6].

Las trabajadoras sexuales no son “la víctima perfecta” y las instituciones son indolentes cuando se trata de delitos contra ellas. En el caso de Cindy, además de dedicarse al trabajo sexual, su pareja era otra mujer, también trabajadora sexual y migrante.

La discriminación que sufrió Cindy y que sigue sufriendo a 5 años de su femicidio, es múltiple.