Antes de la revuelta popular, el Cerro Centinela era un monocultivo de eucalipto y extensas zonas utilizadas como basurales ilegales. Era el patio trasero de Cartagena y San Antonio. Nuestras vecinas y vecinos lo ocuparon por necesidad, pero también con la convicción de que la tierra debe ser un bien comunitario y no un privilegio de quienes se enriquecen a costa de depredación y saqueo.
A principios de esta semana la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la fuerza represiva policial y algunas organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, citaron a reunión a diferentes agrupaciones y colectivos para informarles que este año, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe fascista cívico-militar, la marcha popular del día domingo 10 de septiembre hacia el Cementerio General, iba a ser cercada por un perímetro policial en la Alameda, ofreciendo credenciales para que puedan ingresar al sector cercado solamente a aquellas colectividades autorizadas, impidiendo el paso a organizaciones populares e individualidades no cooptadas por la institucionalidad.
En Chile persiste la impunidad en los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Piñera, y los estados de excepción en el Norte y el Sur (que se extenderían a la zona central), seguirán (“pro Boric”) militarizando territorios. La autoridades “siguen empleando prácticas ilegítimas contra refugiados migrantes”, a los que expulsan sin siquiera “evaluar los riesgos que afrontarán” al ser devueltos a sus países (Amnistía Internacional Chile 2023).
