DÓNDE ESTÁN JULIA CHUÑIL CATRICURA Y CHOLITO
Como el E$tado $hileno ha estado -con raras excepciones- al servicio constante de colonizadores y burguesías, existe “un dueño” de ese “fundo” (como le llaman): Juan Carlos Morstadt Anwandter. Es el dueño también de la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera “Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L.”.
Desde el Sur del mundo: ¡Dónde están Julia y Cholito!
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Julia tiene 73 años, es presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel de Mafil (Valdivia). Ella como defensora de la tierra y el territorio y como presidenta de la comunidad Putreguel, buscaba proteger los bosques. Desde hace un año se encuentra desaparecida. El viernes 8 de noviembre de 2024, Julia iba en busca de sus animales acompañada de su perro Cholito. Amos desaparecieron desde ese día.
En el país nombrado “Chile”, cuyo territorio sureño, se llama -en realidad- Wallmapu, que es el país del pueblo mapuche (o gente de la tierra), desapareció la defensora. Fue en el sector ubicado a 40 minutos de su casa. En esa área hay o había una “mediaguas” abandonada por personas que trabajaban para forestales: ahí mismo es donde se les perdió el rastro a ella y a su perrito. En el lugar, en los días que ella desapareció, había huellas de una camioneta.
La «propiedad privada» en contra de la gente de la tierra
La lucha de Julia Chuñil está marcada por la recuperación del territorio mapuche en ese bosque valdiviano, templado y lluvioso, de una intensa y potente biodiversidad que para sus habitantes es el territorio que les acoge, sana y alimenta, pero para los capitales trasnacionales y la oligarquía son “recursos” para enriquecerse.
Como el E$tado $hileno ha estado -con raras excepciones- al servicio constante de colonizadores y burguesías, existe “un dueño” de ese “fundo” (como le llaman): Juan Carlos Morstadt Anwandter. El es el dueño también de la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera “Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L.”.
La CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, reconoce que habría comprado el predio en favor de la comunidad de Julia, pero también plantea que judicialmente ese contrato “quedó sin efecto”. A partir de este nuevo despojo, en 2015 la comunidad Putreguel inició una ocupación de los terrenos e ingresó un escrito a la Corporación, solicitando que se inicie un proceso de restitución territorial, pero la SEREMI (Secretaría Regional Ministerial), responde que es “imposible” la restitución territorial (¡¡¡???). Es decir, en chile se puede borrar con el codo oligárca lo que escribió antes la legalidad institucional, así, es más fuerte el rico, su riqueza y poder, que cualquier «justicia», Estado o Gobierno.
En la querella que presentó la familia de Julia, por secuestro, homicidio o femicidio tras su desaparición, se señala que el empresario Morstadt Anwandter habría amenazado a Julia, e incluso habría intentado atropellarla en una ocasión cuando ella iba camino al predio, sin embargo, luego habría alegado que “no la había visto” (esto se sabe por medios de comunicación alternativos y contrainformativos).
En su búsqueda de borrar los vestigios de las amenazas que no pudieron surgir si no de los capitales empresariales que ansían esos «recursos naturales», el Estado $hileno ha querido señalar a la familia como «culpable», pero claramente no lo ha logrado. Las hija y sobrina y el hijo de Julia han exigido a la Fiscalía investigar hasta el final, y han asegurado que Julia Chuñil había estado recibiendo amenazas de muerte, desde hacía dos años antes de su desaparición.
Como siempre decimos:
La clase política en alianza con la clase empresarial forman bandas peligrosas y extremas porque son un alto factor de riesgo para mujeres y pueblos. Usan estrategias como intimidación, desprestigio, criminalización y sicariato[1]. El 43 por ciento de los defensores y defensoras asesinadas, son indígenas y el 12 por ciento mujeres.
En 2019, en el mundo, cuatro (4) defensores o defensoras, fueron asesinadas cada semana. Entre 2012 y 2023 hubo 2.106 asesinatos por la defensa de la tierra. El año pasado (2024) fueron 257 y este año, ya van 81 asesinatos[2].
Latinoamérica es la región que concentra el 80 por ciento de estas víctimas a nivel mundial[3].
[1] ONG Global Witness, reporta que en 2023, se documentaron 196 casos de defensoras y defensores de la tierra asesinados, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres. En 2024 hubo 324 casos documentados en 32 países del mundo de asesinatos de defensoras y defensores de la tierra. Un total de 166 asesinatos fueron en Latinoamérica.
[2] Fronline Defenders, Defensoría del pueblo de Colombia, Global Witness.
[3] Las ONGs Front Line Defenders y Global Witness coinciden.
