El caso de Ximena Cortés Rojas, el de Ruth (su madre), el de sus hijos y de toda la familia que sobrevive a la víctima, se tiñe del daño transgeneracional, del post-trauma diagnosticado, del dolor, el miedo y la persecución real a la familia por medio de amendrentamientos presentados como casuales, gestiones judiciales fallidas, y ofensas por redes sociales, durante 6 años de impunidad.

La desmentida del crimen por las instituciones de justicia, refuerzan al violentador, que no solo está impune, si no que introduce la idea de que las víctimas sobrevivientes de la familia son culpables de difamarle, aumentando así la sensación de desamparo de las mismas.

James Díaz Portus, marido legal de Ximena, funcionario de la FACH en ejercicio al momento de la muerte de ella, no acepta ser develado como agresor y presunto femicida, y se querella contra Ruth “por injurias y calumnias”, aludiendo a material de prensa, campañas y afiches[1].

La muerte de Ximena es otro femicidio inscrito en la historia de impunidad de un Chile que a pesar de discursos “de derechos humanos y género”, oculta pactos de silencio en casos de agresores uniformados, policiales y de sicariatos contratados por oligarquías, burguesías y empresas trasnacionales. Todas las instituciones y gobiernos chilenos de turno desde 2017 a la fecha, han solapado esta muerte femicida y actualmente Ruth Rojas enfrenta una querella del agresor de su hija, quien no fue investigado ni juzgado.

La actuación negligente y/o pactada de las instituciones, ha generado, además del empoderamiento del agresor, entre otras consecuencias, un diagnóstico gravísimo para la salud de Ruth, a lo que se le une un sistema de salud mercantil y centralizado, que la obliga a tratarse a 1.500 kilómetros de su ciudad (Mejillones en el Norte de Chile), y a contratar costosos tratamientos que puedan salvarle la vida en Santiago.

El daño está incrustado en el cuerpo de la víctima sobreviviente. 

La desmentida de las instituciones

El 22 de marzo de 2017, James Díaz Portus, funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, envió a su esposa con múltiples lesiones, inconsciente y muriéndose, en el auto de un vecino y también  funcionario FACH, a la urgencia del Hospital regional de Antofagasta. El marido, en vez de llevar a su esposa a la urgencia, se quedó limpiando los rastros de sangre, bañándose y cambiándose de ropa. Ella nunca despertó, y a los 5 días de eso se constató su fallecimiento en el centro hospitalario[2]. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) no perició las ropas ni el teléfono de Díaz Portus, y aunque revisó el sitio del suceso, no revelósospechas del caso.

En la investigación hubo un testigo, el suboficial de la Armada Héctor Bravo Ojeda, que declaró saber sobre la violencia ejercida por Díaz Portus contra Ximena Cortés[3], relatando -al menos- un bizarro episodio en que Ximena les dijo en presencia del agresor, que ya no aguantaba más ser violada por él. Pero esto, nuevamente no fue motivo de preocupación, ni para la PDI, ni para la Fiscalía, ni para ningún tribunal. Se cerraron las investigaciones con la pusilánime conclusión de que la víctima se habría “suicidado”.

El agresor no fue jamás ni siquiera imputado. Y aunque el SERNAMEG, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, tomó la causa a solicitud de la familia, a los pocos meses, en el mismo circuito de negacionismo de las demás instituciones, se desistió del caso. Esto, bajo el mandato de una presidenta socialista (Michelle Bachelet), con una ministra de la Mujer comunista (Claudia Pascual), y con sendos discursos de género en su administración y en su coalición.

Aunque Sernameg terminó no reconociendo el femicidio de Ximena, en una contradictoria gestión derivó a Ruth y a su marido al Centro de Atención Integral a Víctimas (CAVI) de Antofagasta, programa del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Allí les atendieron un psicólogo y una abogada. El marido de Ruth se desistió de las sesiones psicológicas luego de escuchar al profesional diciéndole: “su hija se suicidó”. Ruth, en cambio, temerosa de la intervención de las instituciones en relación al cuidado personal de sus nietos, decidió seguir, y a medida que avanzó su proceso, el psicólogo aceptó que a Ximena, la mataron.

Una profesional del centro le comentó confidencialmente a Ruth sobre una reunión en la que se habría tratado su caso, y el psicólogo como la abogada, habrían hablado de “femicidio”. Luego de eso, ambos profesionales fueron despedidos de CAVI y la familia ya no contó con ese apoyo, desistiéndose del vínculo con esa institución.

Así sucedieron parte de los hechos que han aquejado a esta activista por justicia para su hija y que se ha unido a organizaciones como Familiares de Víctimas de Femicidios, exigiendo justicia para otras hijas y mujeres asesinadas por crímenes machistas.

La impunidad que facilita el Estado de Chile

Las deficiencias, los obstáculos, la ineficacia en la administración de la justicia en este caso -como en otros casos de mujeres muertas en relaciones violentas con agresores que pertenecen a instituciones armadas y policiales-, incumplen todas las obligaciones internacionales de los Estados en relación a los hechos de violencia contra las mujeres.

Los funcionarios de las instituciones que se resisten a la ineficiencia, son apartados, y los demás, la gran mayoría, parecen aceptar ser silenciados, y a pesar de sus “capacitaciones en género”, parecen normalizar la violencia contra las mujeres.

Los gobiernos, incluido el actual, anuncian adoptar marcos jurídicos y políticos para abordar la violencia “de género” que incluiría una gama de recursos e instancias judiciales de protección, pero esto no se ve reflejado en la realidad de las mujeres violentadas, y menos en los casos de Ximena Cortés y Ruth Rojas.

Hay una enorme distancia cómplice entre la disponibilidad -formalmente declarada por las instituciones del Estado chileno-, y su efectividad para remediar la impunidad en casos como el de Ximena Cortés y Cindy Estrada (por nombrar solo dos casos que conocemos de cerca, en los que hay involucrados agentes uniformados del Estado chileno). 

En los casos de Ximena Cortés y Ruth Rojas, se entretejen violaciones flagrantes a instrumentos internacionales[4] en relación a retrasos y cierres injustificados de las investigaciones, y el incumplimiento de otros derechos humanos como el derecho a la salud mental y física, unidas al empobrecimiento que ha significado para la familia, enfrentar costos judiciales y ahora de salud.

Hay una evidente transgresión del derecho a la protección de la salud de las víctimas sobrevivientes en Chile. Esto, la Organización de las Naciones Unidas, lo define como “vulnerabilidad por elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse y hacer frente a sus consecuencias negativas”[5].

Al no ser reconocido el caso de Ximena como un femicidio, Ruth no es depositaria de ningún tipo de reparación (si la hubiese), y al no tener reparación, su estado de salud se ve más y más afectado cada día.

Ninguna muerte femicida de mujeres, es un hecho privado. El femicidio es un fenómeno político contra las humanas, ejecutado -en su aplastante mayoría- por hombres a partir del poder social que detentan, en el matrimonio, en las familias, en la calle, y en las comunidades. Las mujeres no se lo buscaron por estar en relación con un uniformado (ni por cualquier otra razón), el problema son las prácticas de dominación acostumbradas, permitidas y fomentadas a militares y policías de todo tipo, prácticas se ven reforzadas por los gobiernos y sus políticas militaristas.

Hoy Ruth Rojas, arriesga cárcel y otras medidas punitivas, algunas tan indignantes como ser obligada a solicitar “disculpas” a quien le arrebató a su hija. Condición que ella no aceptará.

Creemos que la una de las razones más poderosas para la impunidad en este caso (como en otros de derechos humanos de las mujeres), es la relación del agresor con la institución militar chilena, con la que los gobiernos de turno negocian desplegando políticas militaristas y policiales que aumentan el poder y despotismo de los agentes del estado.

Denunciamos la criminalización de Ruth Rojas Flores, el abandono factico del Estado chileno a las víctimas sobrevivientes del caso de muerte femicida de Ximena Cortés Rojas.

exigimos la reapertura del caso de ximena cortés, y reparación a familia de la víctima. 

¡No a la Complicidad E$tado-Capitalismo-Patriarcado!

---

[1] Ver Categoría Ximena Cortés Rojas: https://puntadaconhilo.cl/category/ximena-cortes-munoz-asesinada-por-su-marido-de-la-fach/ y ¿Otro pacto de silencio?: https://rebelion.org/otro-pacto-de-silencio-lo-de-ximena-fue-femicidio/.

[2] ¿Otro pacto de silencio?: «Lo de Ximena fue femicidio», VICTORIA ALDUNATE MORALES, Tierra y Territorio, Texto completo en: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/iotro-pacto-de-silencio-lo, https://rebelion.org/otro-pacto-de-silencio-lo-de-ximena-fue-femicidio/ año 2020. Y 5 años de impunidad, desde Bachelet y Pascual a Boric, Radio Humedales, https://radiohumedales.org/5-anos-de-impunidad-desde-bachelet-y-pascual-a-boric/ 22 marzo, 2022

[3] Héctor Arturo Bravo Ojeda, suboficial de la FACH en 2017 declara a la PDI en la investigación que unos meses antes de su muerte, Ximena les había llamado a él y a su esposa pidiéndoles ayuda, y que cuando acudieron a su llamado, en presencia del agresor, ella (Ximena) les relató consternada que ya no aguantaba más, que su agresor y marido, James Díaz Portus, solía violentarla y violarla.

[4] Organización de las Naciones Unidas, ONU 1993. Declaración en contra de la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para” y otras.

[5] Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Informe sobre la situación social del mundo 2003. Vulnerabilidad social: Fuentes y desafíos”, A/58/153/Rev.1, New York, ONU, 2003, p. 8; CNDH, Recomendación 26/2019, p. 24. y CNDH, Recomendación 23/2020, p. 22.

FIRMAN:

Organizaciones desde Wallmapu, Norte y centro de chile:

1. Lesbianas feministas antirracistas – Red de Terapeutas Tierra y Territorio, Santiago-Wallmapu
2. Grupo Apoyo Familia de Cindy Estrada Muñoz, Santiago, Chile
3. Círculo de mujeres residentes María Loreto Castillo, Pudahuel, Región Metropolitana
4. Justicia para Ximena Cortés, Mejillones
5. Colectiva Lesbipulli, Puerto Montt
6. Refugio Bosque Baucis, Valdivia
7. Casa Mundanas, Santiago
8. Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, Santiago
9. Maternaje Feminista del Sur, Santiago
10. Red por la libertad de todxs lxs prisionerxs políticxs, Valparaíso
11. Colectiva tijeral, San Bernardo, Región Metropolitana
12. Sindicato de Brujas Vallecostero, de Valparaíso.
13. Comité de Mujeres Feministas en solidaridad con el Kurdistan, Biobío
14. Casa Mantis, Concepción, Biobío
15. Línea de Acompañamiento Feminista, Concepción, Biobío
16. Arpilleras en Resistencia Ainil-Valdivia
17. Lelapp, Santiago
18. Bordadoras andinas, Arte textil, Red de apañe y contención entre mujeres Valle del Aconcagua, Los Andes
19. niunamenos-activistas feministas, Santiago
20. Colectiva Lésbica feminista Visibles, Santiago
21. Agrupación de Familiares de Víctimas de femicidio-Chile.
22. Línea Aborto Chile, Colectiva de Mujeres y Lesbianas feministas
23. Rebeldes de Atacama, Atacama
24. Resueltas del valle, Valle del Huasco, Atacama
25. Asamblea de mujeres y disidencias Copiapó
26. Colectiva Feminista Ritual Rebelde, Copiapó
27. Tinka Marina Cabrera Almendras, Copiapó
28. UDEMA, Copiapó
29. Tejido de mujeres feministas en Atacama
30. Asamblea de Mujeres y Disidencias del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT
31. Colectiva mujeres Renacientes, Copiapó, Chile
32. Acción Feminista Caldera, Atacama, Chile
33. Agrupacion «warmikuna» grupa de mujeres mestizas unidas por la identidad, la lucha, danza y nuestra cultura
34. Agrupacion Providencia, Antofagasta
35. Tumba Diabla, Antofagasta
36. Organizacion socioambiental Mejiambiente, Mejillones
37. Coordinadora por la defensa del Río Loa y la madre tierra «Pata Hoiri», Calama.
38. Club deportivo de bodyboard «Club riders Antofagastinas», Antofagasta.

Medios de comunicación y editoriales autónomas:

• Radio HumedaLes, Cutura y Existencia Lesbiana, Santiago
• Medio libre La Zarzamora, Biobío-Wallmapu
• Editorial Puño de Hembra, Concepción
• Puntada con Hilo, comunicación feminista
• Radio Amaranta, transfronteriza
• Editorial Subalterna, R.M.

Activistas:

• Añil Henríquez Ramos, Refugio Bosque Baucis, Valdivia
• Daniela Toledo, activista y periodista feminista, Lo Hermida
• Denise Obrecht Samson, Profesora, Santiago
• Piedad Carmona Díaz – Activista, Defensora de Derechos Sexuales y Reproductivos, Valparaíso
• Paula Santana Nazarit, Cooperativa Ginergia, investigadora, ciudad de México
• Beatriz Bataszew Contreras, Psicóloga Clínica, Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, Santiago
• Víctor Hugo Robles, periodista  y activista, conocido como «El Che de los Gays»
• Flor Alveal Alveal Riquelme, Las3, Santiago
• Colomba Marjorie Barrientos Donoso, trabajadora social, arte terapeuta feminista, Santiago
• Dila Arcaya, activista feminista, Santiago-$hile
• Maria Brevis, concejala de la comuna de Mejillones
• Johana Torres Olea, dirigenta gremial municipal, Antofagasta
• Karina Guzmán Arias, concejala, abogada animalista
• Roxana Olivares dirigenta de no+AFP, Antofagasta

Organizaciones desde Abya Yala-América latina y El Caribe y América:

• Feministas del Abya Yala
• Pañuelos en Rebeldía, Argentina
• Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Bolivia
• Conurbanas Transfeministas, Argentina
• Lunas Lesbofeministas, México 

Activistas:

• Zoha Siddiqui, estudiante y activista feminista, EEUU
• Georgina Andino, Conurbanas Transfeministas y Feministas  de Abya Yala, Buenos Aires
• Susana Cervantes Tovar, Lesbofeminista antiespecista, activista por los derechos de lxs demás animales, diseñadora gráfica, Ciudad de México
• Julia Antivilo, historiadora y artista feminista, México
• Karina Vergara, activista lesbiana feminista autónoma, México
• Mónica Baltodano, Defensora de Derechos Humanos, San José Costa Rica