La ley anti-tomas criminaliza al pueblo
el derecho a la vivienda en Chile no solo no se cumple sino que no es protegido por el estado e incluso se criminaliza y arriesga la vida de las comunidades que recuperan territorios para la vida digna. También se persigue y amedrenta a cualquier movimiento social que pretenda protestar y/o denunciar políticas injustas por medio de tomas pacíficas temporales, con objetivos de llamado de atención a las autoridades.