Para Claudia es distanciarla aún más de su lov, de sus hijos y familia. Un claro castigo a quien ha optado por seguir el camino de lucha en el territorio. Esta es la cara del gobierno de Gabriel Boric, que se dice “feminista”. Pasan a la historia como los perseguidores más siniestros del pueblo Mapuche, con un contexto de militarización extrema, tal vez unas de las más extremas en estos 34 años de post dictadura.
Tres o más personas que tengan acción sostenida en el tiempo y “entre sus objetivos” esté “la perpetración de determinados delitos” y que, “entre sus fines, esté “socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático”.
La normativa es despachada por el Gobierno de Gabriel Boric Font (Frente Amplio-Partido Comunista), pero los comunistas, dicen rechazar el documento. La senadora de ese partido, Claudia Pascual, además ex directora de SERNAMeg, además de problematizar “la redacción”, cree que su gobierno con esta hazaña “habría superado” la ley antiterrorista de Pinochet (1984). Así, esta militante comunista y política $hilena, siguiendo con su positivismo tóxico, declara también –y sin-vergüenza- que esta normativa perversa “no persigue a quienes piensan diferente” y que sería “un avance”.
AUNQUE LA FACH ESTABA FORMALMENTE INFORMADA DE LA VIOLENCIA DE DÍAZ CONTRA XIMENA JAMÁS ACTIVÓ LOS PROTOCOLOS PARA VÍCTIMAS DE VIF.
Es su proceso histórico, las feministas y sus colectividades, hemos develado una historia política genuina y creadora de un movimiento político que no es puramente identitario ni solamente anclado en subjetividades y lenguajes. El feminismo ha elaborado lenguajes basados en sentimientos y ha tenido la capacidad de identificarse con otros, pero ha rechazado romantizar o encubrir el daño diluyéndose a sí mismo. Tiene genealogía y esto no es un debate “generacional”, en todo caso, es transgeneracional.
El desalojo forzoso es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) lo subrayan. Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos con todas las enmiendas realizadas en el siglo XXI, pero –una vez más- este Estado se mueve turbiamente, pues, en la práctica, no reconoce lo que firmó, el derecho a la vivienda adecuada[2], en Chile decimos “vivienda digna”. Pero no es solo eso, es que además el estado chileno bajo el actual gobierno promulgó una ley que permite catalogar de “violentos usurpadores” a todos y todas quienes se agencian un espacio para habitar.
