Reforma laboral en Argentina, a la medida de la casta empresarial

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Con esta reforma laboral, se plasma un pilar importante del proyecto económico que intentaron imponer entonces. Los juicios por la Verdad dejan constancia de la participación patronal-empresarial en la entrega de militantes a las fuerzas represivas, como muestran los casos de las automotrices Ford y Mercedes Benz, la azucarera-papelera Ledesma, la cementera Loma Negra, Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A (Astarsa) o la siderúrgica Dálmine-Siderca cuyos sindicalistas siguen aún hoy desaparecidos. Por eso, resistir a esta reforma es también honrar la memoria de quienes fueron asesinados por la misma mano que hoy aprueba esta ley y las reformas fiscales que preanuncian.

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Foto: Asamblea obrera zona norte

X Miriam Djeordjian

Asamblea obrera zona norte Guardada bajo siete llaves, el proyecto de ley fue secreto hasta 4 horas antes del inicio del debate en el senado. Secreto hasta para los mismos senadores. Así promediando febrero y en sesiones extraordinarias, se aprobó un primer dictamen que el 19 de febrero fue tratado en diputados, al tiempo que el país entero entraba en paro general. Los movimientos más críticos, además movilizaron. Rosario, Mendoza, Buenos Aires, y todas las capitales del interior fueron testigo de marchas masivas a pesar de las dirigencias sindicales hegemónicas y anquilosadas que, hasta ahora, han permanecido pasivos frente a los atropellos de la ultraderecha.

En la madrugada del 20 de febrero de 2026, presidida por un Menem de pura cepa neoliberal, la cámara baja aprobó el dictamen de la reforma laboral y vuelve ahora al Senado para su sanción final en pocos días más, con apenas correcciones cosméticas.

Eufemísticamente la ley se llama de “Modernización Laboral”, aunque asistimos en la Argentina de Milei a retrocesos que dinamitan los derechos laborales que aún el neoliberalismo no había logrado tocar. Tan retrógrado es el dictamen que mientras por unanimidad en el Senado de México se aprobó una reforma constitucional que reduce de 48 a 40 horas semanales laborables, aquí se libera para que sea la patronal quien decida cuántas horas diarias se trabajará.

En una operación fina y paciente, han instalado con la prensa amiga y la dictadura del algoritmo pago, la idea de que “tener vacaciones, licencia por enfermedad, y horas extras pagas” es “privilegio y gasto”, o que los juicios laborales son “una industria”, por culpa de lo cual “los empresarios no contratan en blanco y hay falta el trabajo”. Algo así como una nueva teoría del derrame, en la que, si se quitan derechos a quienes trabajan, por una suerte de magia, los empresarios tendrían ganas de contratar más gente y, se generarían miles de puestos de trabajo nuevos.

Pero… ¿cómo se llegó al adormecimiento social para que este atropello tenga legitimidad? La prensa comprada de los grandes medios y los streamings libertarios instalaron estas ideas, a partir de una batalla comunicacional diseñada a partir de un método que tiene un referente: Frank Luntz, un “mercenario del lenguaje” como lo define Mariano Quiroga en Tiempo argentino.

Su ingeniería semántica cambia la palabra central del debate: donde decía “derechos”, ahora dice “privilegios”, de modo tal que tener trabajo registrado, con vacaciones, seguridad social e indemnización en caso de despido, se vuelve un privilegiado frente a jóvenes precarizados. Deja de ser el problema de desempleo por la destrucción del aparato productivo, la recesión y la reconversión patronal hacia actividades extractivas y financieras, y pasan los a ser estos trabajadores “en blanco” los enemigos de los jóvenes precarizados. Es un triunfo del desclasamiento que legitima esta reforma y al cual el resto del continente debe estar atento.

También el silencio cómplice de la Confederación General del Trabajo (CGT), ha garantizado el avance de estas lógicas, con un sindicalismo rancio y clientelar, oportunista y conciliador que a pesar de tener el músculo social para liderar la disputa, calló hasta ahora, sin representar a la clase trabajadora, privilegiando su ya conocido pragmatismo al servicio del poder de turno.

Lo central de esta reforma es que se abandona la protección a quienes trabajan y a las pequeñas empresas para proteger a los grandes capitalistas voraces que, en muchos casos, han virado sus negocios productivos hacia el ámbito energético, extractivo o financiero. 

Foto: Cicop 

 
Algunos temas relevantes de esta reforma:

1) Elimina la jornada de 8 horas, dejando de pagarse las horas extras. A cambio se crearía un Banco de Horas, “mediante acuerdo voluntario entre empleador y trabajador” por el cual la patronal “compensaría las horas trabajadas de más con menos horas otro día”.  Se niega aquí la relación desigual entre unos y otro. ¿No es ingenuo creer que patrón y asalariadxs hagan acuerdos en pie de igualdad? Este punto, afecta muy en especial a las mujeres y a quienes por fuera del trabajo asalariado asumen el cuidado de niñeces, enfermos y adultxs mayores. ¿Cómo organizarse en la vida cotidiana si se anteponen las necesidades de los tiempos patronales?

2) Se crearía el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para cubrir costos de “desvinculación” (otro eufemismo… así llaman a los despidos) y obligaciones indemnizatorias, mismas que podrían ser en cuotas. Para este fondo se desviarían recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), desde donde hoy se pagan las jubilaciones, hacia nuevos fondos financieros privados. Se sospecha, tal como denunciaron diputados opositores, que detrás de este Fondo acecha un negocio financiero manejado por el ministro de economía y sus amigos piratas de la Morgan.

3) En materia judicial, se eliminaría el fuero laboral y alrededor de 30 juzgados vinculados a litigios de trabajo se transformarían en fueros contenciosos administrativos.

4) Salario: permitiría el pago de un porcentaje en especie, como habitación o alimentos, sin el tope de 20% que rige en todo el país, dejando indefensxs a quienes hacen labores más precarizadas, por ejemplo, en zonas rurales, y habilitando un límite difuso con la trata laboral. Tiende, además a eliminar la influencia de las negociaciones paritarias por actividad a nivel nacional, al tiempo que rebaja los aportes sindicales.

5) Vacaciones: se amplía el período para otorgarlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordarlas fuera de temporada, debiendo ser en verano, apenas una vez cada tres años. También se permite el fraccionamiento, con un mínimo de siete días. En cuanto a la licencia por enfermedad, del empleador tiene más herramientas del control médico y derecho a la conformación de juntas médicas con nuevos y más estrictas reglas de evaluación.

6) Se preveen incentivos para capacitación en la “reconversión laboral” (¿otro eufemismo?) y por supuesto para la modernización, la promoción de inversiones, el desarrollo y etc. (Siempre se anuncia, nunca sucede)

7) Se deroga explícitamente el Estatuto del periodista, precarizando más aún la profesión y cercenando las voces críticas que cada día tienen menos espacio en los grandes medios.  También se derogan el Estatuto del Viajante de Comercio y de Peluquerxs.

8) Se les concede más relevancia a los convenios provinciales que a los nacionales, otro punto de dudosa constitucionalidad.

9) Y como no podía faltar… el compromiso de una reforma fiscal que rebaje impuestos a los empresarios. Cabe aquí aclarar que, en Argentina, el salario “paga impuestos” a partir de un determinado monto, como si fuera ganancia.

La reforma y su contexto

Este proyecto compulsivo, sin debate, casi secreto, inmaduro transcurre en un contexto “industricida”, de desesguace del aparato productivo e industrial, la caída del consumo y el poder adquisitivo, que no se veía de la crisis del 2001. El miércoles 18, un anuncio sorpresivo tensionó el escenario: 920 obreros de Fate, la empresa argentina de neumáticos, se enteraron, al regreso de los feriados de carnaval, del cierre fabril y sus despidos CON UN CARTELITO EN LA REJA. Y no solo ellos quedan sin trabajo, sino toda la cadena productiva de servicios que se crea en torno a una fuente laboral de esta magnitud, desarrollada con el apoyo de subsidios y promociones estatales para generar empleos en sus 80 años de vida.

El balance entre creación y cierres de pequeñas empresas arroja un saldo de 21000 destruidas desde que Milei asumió. Pero paulatinamente la tendencia recesiva evidencia los cierres de las grandes empresas también.  La familia Madanes Quintanilla, dueña de Fate y de la empresa emblema del aluminio ALUAR, reconvierte sus “inversiones” hacia los energéticos, con más ganancias para sí, pero con muchos menos empleados también.

Además de las fábricas de neumáticos son muchos los conflictos laborales por amenazas de cierre, reducción y recortes que a diario se suman. Por cada conflicto existen organizaciones más o menos coordinadas regionalmente que han creado Asambleas de Trabajadorxs de zona Norte, Sur y Oeste, con presencias en muchos casos de sindicatos combativos por fuera de la burocracia de la CGT, entre ellos profesionales de la salud, gremios docentes, trabajadores del Estado nucleados en las dos ATE, ferroviarios, aceiteros, molineros y otros sindicatos vinculados a la producción de alimentos, periodistas, actores, músicos y más. 

Cada una de estas luchas laborales, conllevan mucho más que una cuestión salarial o de seguridad social. Son la resistencia a un modelo de país arrodillado ante el gran capital, donde el lugar de América Latina, como el de África, sea solo el abastecimiento de materias primas, energía y mano de obra barata. Este contexto coyuntural tiene una historia: el próximo 24 de marzo se cumplen 50 años del Golpe de Estado genocida que desapareció cerca de 30000 activistas a manos de la más cruel de las dictaduras cívico-militares-eclesiales que se vivieron en Argentina. Con esta reforma laboral, se plasma un pilar importante del proyecto económico que intentaron imponer entonces. Los juicios por la Verdad dejan constancia de la participación patronal-empresarial en la entrega de militantes a las fuerzas represivas, como muestran los casos de las automotrices Ford y Mercedes Benz, la azucarera-papelera Ledesma, la cementera Loma Negra, Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A (Astarsa) o la siderúrgica Dálmine-Siderca cuyos sindicalistas siguen aún hoy desaparecidos. Por eso, resistir a esta reforma es también honrar la memoria de quienes fueron asesinados por la misma mano que hoy aprueba esta ley y las reformas fiscales que preanuncian.

No se puede dejar de leer esta reforma laboral fuera del contexto histórico, sin recordar las reformas del menemismo en los 90, ni la voracidad empresarial que tuvieron los cómplices necesarios de las dictaduras en nuestra América. Por lo mismo, este avance en Argentina es un ensayo de lo que puede replicarse en cualquier otro país del continente.

¡Ni un derecho menos! ¡Por Memoria, Verdad y Justicia!

Buenos Aires, 20 de febrero de 2026

El gran empresariado: cómplice civil de la dictadura militar (76-83) en Argentina

[1] Para ampliar este punto sobre la participación empresarial en la dictadura cívico militar se puede revisar este material de descarga libre editado por la Secretaría de DDHH de la Pcia. De Buenos Aires en 013 https://derechoshumanos.mjus.gba.gob.ar/democracia-40-anos_participacion-empresarial-en-la-ultima-dictadura-civico-militar-argentina/

Fuente: DESDE LA HOGUERA