LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE MILEI Y LAS RESISTENCIAS EN LAS CALLES

por Miriam Djeordjian/Blog desde la Hoguera

Los insultos y el look de macho violento que tuvo Milei como candidato presidencial, no se moderaron después de su asunción como Presidente. Si alguien pensó que era performance electoral, pues no lo era… Por el contrario, su rabiosa libertad de mercado tiene del otro lado de la moneda, censura y silenciamiento político para cualquiera que lo contradiga. No se ahorró en este tiempo de nada: agresiones, despidos y amenazas por redes sociales, insulto a gobernadores, diputados hasta dinamitar posibles alianzas con sectores de la derecha opositora. Sus bots atacaron en redes a su propia vicepresidenta, y hasta logró la primera expulsión diplomática de funcionarios argentinos en Colombia tras los dichos sobre Petro.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, tres medidas han generado la reacción y alerta de las organizaciones sociales: primero el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) que modifica de 300 leyes y deja abierto el poder presidencial para cerrar instituciones y avanzar sobre derechos adquiridos y prexistentes en materia laboral, de salud, educativa, de seguridad entre otras de un modo inconstitucional; segundo la “Ley Bases” conocida como Ley Ómnibus, presentada con más de 600 artículos que modifican atributos presidenciales, estructuras del estado referidas a los organismos autónomos, materia fiscal, de seguridad, cultura, etc.; y en tercer lugar el Protocolo Antipiquetes que criminaliza la protesta y habilita a gendarmería, infantería, policía aeroportuaria y otras fuerza militares a cumplir funciones policiales para intervenir en las calles y reprimir, cuando las manifestaciones.

En estos tres meses, mediante los atributos que se autoasignó, ya cambió drásticamente el organigrama del Estado, eliminando secretarías y ministerios e institutos nacionales, y con ellos anunciando con euforia ajustadora despidos masivos de empleados públicos. Invoca con esto a la ya conocida “austeridad neoliberal”, aunque se aumente su sueldo un 48% y jamás haya tocado los privilegios impositivos de “la casta”. Por el contrario, la “casta” es la que redacta las leyes mientras los precios básicos de alimentos y servicios han quedado desregulados con aumentos constantes desde la gran devaluación de diciembre (120%). Los números van en el orden del 276% de inflación interanual, siendo más alta en alimentos y transporte. El ajuste no lo está pagando la casta como prometió; lo pagan jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras de los sectores más precarizados y las pequeñas industrias locales.

El pan que costaba $800 en diciembre, hoy está $2600 por kilo, y debe ahora competir con el pan que empiezan a traer grandes transnacionales, como Bimbo (70% del mercado), desde Brasil. El “granero del mundo” importará hoy su pan desde el país vecino…

Se anunciaron para abril aumentos en los servicios del orden del 200%, y los impuestos se ajustan con la inflación. Esto era la motosierra, y no el recorte de privilegios como muchos incautos pensaban.

De las tres medidas, el DNU llevó a que distintas organizaciones se amparen ante la justicia y en la medida que se acogen van minando la vigencia plena del decreto, como el capítulo laboral, por ejemplo y que, tras dilaciones intencionales de la vicepresidenta, finalmente fue rechazado en la cámara de senadores y queda en espera de su discusión en la cámara baja. Respecto a la “Ley Ómnibus”, tras lograr una aprobación bochornosa en lo general, terminó cayendo el martes 6 de febrero al tratarse en lo particular quedando nula.  Pero el Gobierno está redactando una “nueva” Ley Omnibus, esta vez comprando voluntades de gobernadores bajo la extorsión de retener fondo para pago de salarios de salud y educación.

Lo que si queda intacto a pesar de tímidas limitaciones de la justicia es el Protocolo Antipiquetes, habilitando a fuerzas militares para cumplir funciones policiales y reprimir manifestaciones callejeras, y amenazando, además, con bajar la edad de imputabilidad delictiva.

Frente a los ataques, hay distraídos y resistencias

Con una mezcla de “luna de miel” electoral y vieja mentira del esfuerzo-sacrificial-en-pos-de-una-mejora-en-un-futuro-impreciso (“hay que pasar el invierno” o “ya vendrán las lluvias de inversiones”), parte de la oposición, el peronismo, asegura que es aún “demasiado pronto” para medidas de fuerza generales como un paro nacional. Esta es, la principal diferencia con los sectores de izquierda. A pesar que las vísperas de Semana Santa ya comenzó el aluvión de despidos, los dirigentes de las grandes centrales sindicales parecen estar frenando el reclamo creciente de sus bases.

Milei, el violento, nos odia y no tiene reparo en demostrarlo. Fijó en el feminismo y la lucha de las mujeres uno de sus puntos permanentes de ataque. Y con ello, habilitó a los violentos a violentar.

Primero, lanzó desde el santo púlpito del Foro de Davos su ataque a las feministas en lo que describió como “la agenda sangrienta del aborto”. Poco tiempo después, para renovar su fe patriarcal, anduvo de gira mística estrenando su adoptado judaísmo en el muro de los lamentos y visitando al Papa en el Vaticano, al mismo a quien apenas meses atrás había tachado de “representante del maligno en la Tierra”. A su regreso Milei “prohibió” el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública y la eliminación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Para redondear el paquete, eligió el 8 de marzo para el cambio de nombre del “Salón de las Mujeres” de Casa de Gobierno, y con la iniciativa de su hermana Karina Milei, rebautizarlo como “El Salón de los Próceres” y en el mismo acto se descolgaron los cuadros de mujeres argentinas como Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Eva Perón, Alfonsina Storni, María Elena Walsh, Aimé Painé, Diana Sacayán o las Madres de Plaza de Mayo. Hasta allí, digamos que fueron gestos de machismo “simbólico”.

Pero con el devenir de marzo todo ha pasado de simbólico. Entre los recortes la motosierra ha llegado al Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que en solo 5 años logró reducir tasa de fecundidad adolescente (que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año sobre el total de adolescentes) del 49 al 27%, es decir, que solo el 27% de chicas de 10 a 19 años se convirtieron en madres. Este plan ha sido referencial para las políticas públicas del continente en la materia. De igual manera en el Programa Acompañar (para acompañar y prevenir la violencia por razones de género) o las Líneas 144 y 137 para denunciarlas o recibir acompañamiento en el proceso, y más allá de los recortes, se da la no-ejecución de las partidas ya asignadas reduciéndose la actividad a menos de la mitad del mismo movimiento que existía hace un año. Lo mismo aplica en planes de apoyo a jefas de familias y trabajo juvenil. El gobierno está frenando funciones eficientes del Estado.

Decía antes que la violencia presidencial “habilita a todos violentos” y devela la impunidad para que los perpetradores se sepan impunes. Días antes del aniversario del Golpe de Estado que se recuerda en Argentina cada 24 de marzo como Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la agrupación HIJOS de desaparecidos hizo pública la denuncia de un caso, de violencia política y sexual contra una integrante, tras el ingreso forzado de dos encapuchados a su domicilio quienes la atacaron, abusaron sexualmente y la amenazaron de muerte “si no dejaba su actividad política” tras aclarar que no estaban allí para robarle. No fue la única amenaza. Se vienen dando hechos de ataques y amenazas telefónicas cuyas denuncias quedan sin respuesta.

A 48 años del Golpe de Estado perpetrado en 1976, resurgen las voces negacionistas que se agarran de cifras para negar hechos atroces que, no son del pasado, sino que se perpetúan en tanto no confiesen dónde están los cuerpos de desaparecidos y desaparecidas, ni recuperen su identidad las niñas y niños apropiados.

Milei nos odia. Odia cualquier cosa que sea pública, o de cuidado colectivo: lo ambiental, la gestión del agua, la aerolínea de bandera…  Gobierna la presidencia alguien que odia al Estado, y todo lo que refiera a lo público. Llegó para volver a hacer en un país latinoamericano un experimento social, como ya lo han hecho en Chile los Chicago Boys, en Ecuador con la dolarización, en Bolivia y Perú con nuevas formas de golpe de Estado, y como ya lo había sido la Argentina de Menem con la bestial implantación de los cultivos transgénicos.

Pero el mes de marzo moviliza y pide calle: por un lado, el 8, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, vio a las colectivas de mujeres y lesbianas, y al feminismo en general llenarse de colores, tambores y banderas bajo la consigna: “Acá Estamos: Fuimos Marea, Seremos Tsunami” y “Las pibas queremos Paro General” contra el DNU y las medidas prepotentes. El 8 de marzo se denunciaron los ataques del gobierno, las violencias en los distintos niveles y se vio organización para enfrentar el Protocolo “Antipiquetes”, y defender los derechos conquistados frente la derecha confesional.

Y por otro lado el 24 de marzo, con dos convocatorias centrales y cerca de 100 mil personas movilizadas en Plaza de Mayo. La consigna: ¡SON 30.000! ¡ESTÁN PRESENTES! ¡FUE GENOCIDIO! ¡Y ESTE PUEBLO YA DIJO NUNCA MÁS! en respuesta al negacionismo del gobierno, reafirmando el Juicio y Castigo a todos los culpables: militares, empresarios y curia, y la apertura de los Archivos de la represión que el progresismo no quiso abrir. Una multitudinaria marcha en las calles para responder con el cuerpo, el arte, la música y cánticos a tanta miseria de la politiquería virtual.

No faltan nunca las banderas de apoyo a Palestina, para repudiar no solo los genocidios de ayer, sino los de hoy también. 

Sin embargo, la cereza del postre fue el veredicto y las condenas que tras tres años y medio de testimonios y alegatos por el Juicio “Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo” el Tribunal a cargo de Basilico sentenció a 10 acusados a cadena perpetua, uno a 25 años de prisión, uno fue absuelto. 6 de los acusados fallecieron en el proceso y quedaron sin condena. (1)

A pesar de los años, este juicio, así como todos los que aún siguen, generan nuevas investigaciones con información del rompecabezas, piezas únicas que lo pueden cambiar todo. Como la última restitución del nieto Nro. 133 Daniel Santucho que es, en sí mismo, una prueba faltante en este juicio que terminó.

Tras los juicios por delitos de lesa humanidad, hoy en Argentina hay cerca de 1170 represores condenados y cerca de 400 aún en proceso. Por eso no nos cansaremos de pedir: ¡Juicio y castigo a todos los genocidas! Seguiremos… ¡contra la impunidad!

(1)  Destaco el trabajo de les compas de La Retaguardia, donde se pueden revisar las coberturas de muchos de los juicios. Consultado para este artículo https://laretaguardia.com.ar/2024/03/condenas-brigadas.html

Fuente: Desde la Hoguera