“BUSCAMOS LO MISMO QUE LA DEMÁS GENTE, UN HOGAR”

Entrevista a Andrea Mellado, dirigenta del campamento Vista Hermosa, Cerro Centinela

X victoria aldunate morales, Lesbofeministas antirracistas Tierra y Territorio

“Es el sueño de tener un espacio para tus hijos. En Santiago vivíamos todos hacinados. El Felipe tenía 6 años cuando nos vinimos, allá no hablaba y acá pudo. Ahora dice que esta es su casa en la montaña. Acá protegemos la diversidad, hay boldo, tabaco del diablo, mucha flora nativa, estamos reforestando. Tenemos nísperos, manzanos y araucarias. Hemos estado limpiando porque antes llegaban camiones tolva y tiraban toda su basura”…

El cerro Centinela está alojado en la bahía del puerto de San Antonio y una parte de la comuna de Cartagena (Región de Valparaíso). Las comunidades de los 6 sectores de pobladoras y pobladores que lo ocupan están divididas por profundas quebradas. La toma se inicia en 2019 desde la invitación de los dueños a ocupar los terrenos. Cuando lograron elevar el precio de sus terrenos, esos mismos dueños demandaron a la gente. Desde entonces han pasado más de 4 años, varias demandas y amenazas, además del escarnio público.

Aunque no sucedió, la Corte de Apelaciones de Valparaíso recientemente había fijado el desalojo para el 27 de febrero (2025) desde las 10 de la mañana. Los medios de comunicación masivos como Radio Biobio (de alcance nacional) y otros, festinaban la medida defendiendo “la propiedad privada” de los empresarios. ¿Sera que esta prensa “seria”, no contempla el Derecho Internacional que indica que los gobiernos nacionales, regionales y locales deben dar protección y realización del derecho a la vivienda adecuada y no dejarla en manos del mercado?

ES ESPECULACIÓN FINANCIERA, NO “USURPACIÓN VIOLENTA”

Andrea relata: “El dueño le dijo a la gente que viniera a tomarse el terreno. Acá no hubo usurpación violenta, como lo llaman en la nueva ley. Fuimos invitados.

Los primeros dueños eran la familia Solari que vendieron los terrenos a la inmobiliaria San Antonio, que de todas maneras son parte de la misma familia. Aparecieron Luis Medel, representante legal y Ricardo Posada Copano[1]. Medel dijo: ¡Habiten todo el cerro, traigan a sus familiares, construyan barrios, casas bonitas, saquen los malos elementos, que esto se llene de gente! Nosotros vamos a llegar a un acuerdo de venta…

Mi mamá fue a esas reuniones a fines de enero de 2020, después vino Pandemia, pararon las conversaciones y cambió el representante legal, pasó a ser el mismo Ricardo Posada. En 2020 fue la primera demanda y en 2023 hubo otra, a una dirigenta diciendo que no sabían nada de nosotros y que estábamos haciendo usurpación violenta. Hubo abogados que presentaron recursos y se los rechazaban. Luego las abogadas de Defensa Popular presentaron otros recursos y se aplazó el desalojo en 6 meses. Más vecinos presentaron recursos, se los rechazaron, hasta que uno lo aceptaron y hubo otro aplazamiento hasta el 31 de enero. Luego ya sabes, vino la orden de desalojo”.

Y es que los mercados inmobiliarios actuales son pura especulación del mercado financiero. La misma vivienda que -tal vez- hace un par de décadas se compró a 13 millones, hoy se vende a diez veces más.

El capitalismo financiero transformó la vivienda en “mercado inmobiliario” para aumentar sus ganancias. Colocó un piso irreal sobre el verdadero valor de intercambio y hoy la vivienda es tratada solo como una mercancía en lugar de ser un bien social. Los gobiernos y los medios de comunicación afines al empresariado, lo avalan.

Andrea Mellado es dirigenta del sector “Vista Hermosa”, estudia para técnica jurídica, tiene 46 años, es madre de una hija y dos hijos. La mujer y un varón ya son adultos, y el pequeño, “el conchito”, dice Andrea, tiene solo 11 años. Antes de encontrarnos con ella ese día, acompañamos a otra habitante de Vista Hermosa a hacer compras de alimentos para una actividad con niñeces que habría ese mismo día más tarde, al entrar en la casa de esa vecina, vimos un autobús antiguo pintado de hermosos colores, adaptado como “Escuelita Libre”.

En las calles de “Vista Hermosa” no percibimos miradas desafiantes ni tenemos sensación de peligro alguno; nada que se asemeje a las calamidades que transmiten la teve abierta y radios chilenas de alto alcance. 

¿Cuéntanos de las demandas legales?

Como te decía, el 2020 justo después de que Medel había invitado a la gente a vivir aquí, aparece la primera demanda desde la “Inmobiliaria y constructora San Antonio con Alvarez”, que serían los dueños de “Hijuela LLo-Lleo” y “Parcela Catorce” (San Antonio y Cartagena), y que tiene varios dueños que a su vez, son empresas. El abogado de la demanda se llama Diego Pereira, es solo una cara visible. Una vez fueron un par de dirigentas a hablar con él, y el hombre las amenazó con más demandas. Nosotras no hemos querido ir porque es como ir a hablar con tu verdugo.

¿Cómo te decidiste a vivir acá?

Al principio llegaron familiares. Yo vivía en Santiago arrendando y un primo me decía: vénganse al litoral. Nos vinimos en 2004, arrendamos en varios lados, pero en 2013 nos volvimos a Santiago. Había trabajo allá, pero éramos tres familias viviendo juntas. En enero de 2020 se vinieron mi mamá y mi hijo grande al Litoral. Se quedaban en una carpa. A comienzos de la pandemia, yo vivía en La Victoria. Acá en la toma, mujeres habían hecho la olla común “Los tomates”, y nosotras desde allá con la Asamblea Territorial de la Victoria, hacíamos onces y vendíamos comida para mandar alimentos a la olla. Luego llegó el momento en que me vine con mi familia, con todos los permisos, con las gatas y los niños.

¿Qué sentiste con el cambio?

Fue un cambio total de vida y hábitos. Acá cada familia tiene su propio espacio, su patio, su entorno bonito. Ya no estamos hacinados y empecé en la dirigencia. Te diría que más que me eligieran, yo me la tomé, me puse a hacer cosas necesarias. Ver lo de la luz y a incentivar la vida comunitaria. Comenzamos haciendo teatro y talleres de volantines con los niños y niñas. Se acercaron otras vecinas y me dijeron, “te ayudo”. Hemos estado en esto, construyendo, plantando árboles, haciendo huertos… Y entonces vino la amenaza…

GRAVE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

El desalojo forzoso es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) lo subrayan. Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos con todas las enmiendas realizadas en el siglo XXI, pero –una vez más- este Estado se mueve turbiamente, pues, en la práctica, no reconoce lo que firmó: el derecho a la vivienda adecuada[2], en Chile decimos “vivienda digna”. Pero no es solo eso, es que además el Estado chileno bajo el actual gobierno promulgó una ley que permite catalogar de “violentos usurpadores” a todos y todas quienes se agencian un espacio para habitar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dice que el concepto “vivienda adecuada” no da pie a interpretaciones que no proporcionen al menos: tenencia segura, protección contra desalojos forzosos o demoliciones arbitrarias, derecho a elegir la residencia, a determinar dónde vivir, acceso no discriminatorio y adecuación cultural del territorio tomando en cuenta la expresión de identidad de quienes lo habitan, y sobre todo, participación en la adopción de decisiones relativas a sus viviendas en los planos nacional y comunitario[3]. Nada de eso se está cumpliendo. Las y los pobladores del Cerro Centinela reciben insultos mediáticos en medio de especulaciones económicas permitidas legalmente al gran empresariado, y también han debido contemplar negociaciones a puertas cerradas entre Estado y empresarios.

No desalojaron porque ni el gobierno local, ni el regional ni el nacional podían garantizar albergues para más de 4 mil familias y cientos de animales domésticos[4]. Menos proporcionar programas habitacionales para viviendas definitivas o arriendos temporales. Carabineros debía desalojar, arriesgando el incumplimiento de su supuesto deber institucional -como servicio público- de proteger la salud e integridad física de personas de grupos prioritarios entre las y los habitantes: 3 mil niñes y adolescentes, gente adulta mayor y con discapacidades físico-mentales, migrantes.

El catastro de las comunidades de los sectores San Antonio, Manuel Bulnes, Aguas Saladas, Fuerza Guerrera y Vista Hermosa, revela que la gran mayoría de sus habitantes son nacionales y el 13 por ciento migrantes con residencia definitiva o tramitándola; más de la mitad son familias haitianas.

En total son 10.251 personas, 4.136 familias, más del 45 por ciento son mujeres solas con hijos e hijas, personas con un alto índice de vulnerabilidad, pertenecientes a grupos del 60 y el 40 por ciento de menores ingresos del país. El 93 por ciento no tiene otra propiedad, esta es su única vivienda y son familias que no han logrado jamás un subsidio habitacional.

Mediáticamente se distorsiona la información diciendo que tendrían segundas viviendas…

Yo no soy de un discurso lastimero, pero la mayoría son casos sociales, por ejemplo, una mujer que salió de donde vivía porque abusaron a su hija, el agresor la tiene amenazada, entonces salió arrancando con la niña. Otra vecina arrancó con su hijo de un marido que le pegaba; una tercera por un hecho de violencia en donde vivía fue sacada por la policía y reubicada en el Litoral, pero después del juicio la dejaron a la deriva, no tenía cómo pagar arriendo y llegó acá. Mi mamá tuvo su subsidio en la población Santo Tomás en los años 80, se fue de ahí por lo peligroso y trató de comprar una vivienda que le ofrecía un empresario, ex militar dueño de una automotora, pero mi mamá llegó hasta 7° básico y firmó algo que la estafó, el tipo la dejó sin casa… Ese tipo de casos son personas de las que se dice que “tienen segunda vivienda”, pero en la realidad no la tienen.

¿Y lo de las familias de menos de tres integrantes?

La mayoría mujeres solas con un hijo, gente adulta mayor, pensionadas, discapacitadas y alguna gente joven que vieron en esto una oportunidad de no vivir allegados. Con esto que nos salieron ahora de “las cooperativas”, se supone que solo se acepta el 5 por ciento de familias unipersonales, pero para nosotros un requisito es que las acepten a todas.

CÓMO VA ESTO DE “LAS COOPERATIVAS”

Andrea explica: “Mira esto tiene una historia larga. Antes de la señora Gloria Maira, habíamos tenido reuniones con SERVIU. Ricardo Trincado habría conversado con los dueños para que unificara los terrenos y quedaran como uno solo, pero a Trincado lo echaron por el caso “Convenios” y hasta ahí llegaron las conversaciones. Después asumió Pablo Morán, dijo que venía a ayudar, que conocía el terreno porque era de San Antonio, pero no hubo avances. Vino el ministro de Vivienda a decir que se iba a comprar el terreno y que si los dueños se ponían “tozudos”, se iban a expropiar los terrenos. Belén Paredes, la SEREMI de Vivienda de la región, también vino con que iban a dar subsidios, pero después salieron con que no. Después de todo eso llego la señora Gloria Maira[5] como delegada del ministro y se presentó como la gran salvadora. Nos dijo: “Yo traigo la solución, un abanico de propuestas”, pero no había tal “abanico”, al final nos salió con que la única opción era formar cooperativas y comprár. Según ella tenían conversaciones con los dueños, pero aun no acuerdos. Nosotros le insistíamos en que necesitábamos papeles firmados que digan que los dueños aceptan esto y el tiempo que se requiera para ello… 

¿Hay otros campamentos que hayan hecho cooperativas?

Acá han venido todos. Vino también una señora de nombre Verónica Zorrilla[6] del Ministerio de Vivienda, supuestamente experta en cooperativas y dio el ejemplo de la “17 de Mayo”. Que el Ministerio le estaría “haciendo” una cooperativa a esa toma. Pero tenemos comunicación con casi todos los campamentos y sabemos que son los mismos vecinos y vecinas de la “17 de Mayo”, quienes gestionan su cooperativa de forma independiente. Antes también el Estado les había ofrecido subsidios de arriendo, pero no les dieron nada, andan en búsqueda de terrenos. Y por otro lado, nosotros no estamos en la misma situación que la “17”, a ellos ya los desalojaron y son mucha menos gente.

¿Qué crees tú de las cooperativas?

Mira a nosotros si nos dicen algo tratamos de entender el tema. Trajimos a una persona que nos capacitó. Entendimos que es ilusorio porque no somos gente con capacidad de endeudarnos. Según la señora Gloria Maira el Estado sería nuestro garante ante los bancos que nos darían un crédito como cooperativa para financiar la compra. Nos habló de Banco Estado y COPEUCH. Fuimos a COPEUCH y no tenían ni idea; en Banco Estado tampoco, pero les pedimos que nos orientaran. Nos explicaron que la cosa es totalmente distinta. El Banco no habla con una cooperativa sino con una microempresa, y mide la capacidad de endeudamiento de cada integrante, y lo más que puede dar es una línea de crédito, pero jamás un crédito de consumo o un crédito hipotecario. Cuando se lo dijimos a la señora Maira, respondió que lo estaban viendo “a nivel gerencial”. Pero, no sabemos si simplemente ha sido estirar el tiempo como un chicle…

¿Para qué estirar el chicle?

Porque a ningún gobierno le conviene desalojar a tanta gente. Es un tema netamente político. No podemos predecir qué pasaría si llegan a desalojarnos en 6 meses más, si las cosas siguen igual, pero hay mucha gente que está dispuesta a defender sus casas… Siempre planteamos que la expropiación es la solución. La gente está de acuerdo en reordenarse, pero ellos tienen que hacerse responsables de la urbanización porque es algo inalcanzable para nosotros.

LA VIVIENDA, UN DERECHO, NO MERCANCÍA

Cuando le preguntamos si tiene alguna teoría sobre por qué quieren despejar el territorio de poblaciones, responde: “Por el proyecto del Megapuerto que comienza este año. Se lo ganó “Pavimentos Quilin” y, entre otros sectores, falta el tramo que cruza toda “Vista Hermosa” hasta Antonio Núñez de Fonseca. Cuando hablamos de eso con las autoridades, nos aquietaron diciendo que no iba a ser una carretera, sino solo una avenida. Pero como nunca se sabe, no tenemos certeza de cuánto metraje va a tener. Sacando la cuenta va a afectar a hartas familias, y nos dijeron que a esas familias la van a reubicar.

¿Qué crees de la “propaganda” sobre delincuencia y tren de Aragua en la toma?

No hay tren de Aragua acá, eso no existe. Sí hay sectores más complicados, pero es como en toda población porque somos más de 10 mil personas, sectores divididos por quebradas. Pero vemos que la gente trabaja para ganarse la vida, como comerciante ambulante, son pensionados, técnicos, profesionales. La delincuencia no es generalizada, no tenemos un problema de tráfico. Hemos pillado a tipos metiéndose a las casas y no son de acá. La comunidad se mantiene informada, si viene alguien que no conocemos, nos comunicamos por grupos de WhatSapp. En este sector hay 10 familias colombianas, 3 familias peruanas, y más allá, una familia haitiana. Hay un sector donde hay una gran comunidad haitiana también, y esa comunidad no tiene ningún problema con las demás nacionalidades. Los sectores se organizan. Logramos clases para que los vecinos y vecinas terminaran la enseñanza básica y la enseñanza media, y todos se graduaron. Hay una escuelita libre, hay actividades para la niñez, para los adolescentes y jóvenes, porque si nos autoeducamos, si nos ocupamos del entorno y la cultura, los jóvenes no se meten en leseras.

¿Qué crees de la crítica en redes sociales que reza que querrían “todo gratis”?

Sí lo he escuchado, pero sabes, digo que la mayoría de las villas o poblaciones de ahora, antes eran tomas, así comenzaron. La gente que opina, tal vez también habita sectores que sus padres se tomaron antes.

…Cuando la vivienda era un derecho y no una mercancía…

Exacto. La población El Arellano en Cartagena antes era toma, tiene más de 50 años, el Ensueño fue primero una concesión y la gente se quedó y ahora es Villa. La Dunas, arribita del Arellano, ahora es toma. En san Sebastián también hay tomas, El Chiflón del Diablo fue toma, la 27 de Febrero se hizo en 2010 porque hubo gente que quedó sin sus casas en el terremoto, y se fueron y se quedaron allá.

¿Y cuando les dicen que deberían haber postulado a subsidios, como otros?

Lo hemos hecho. Yo postulé a Villa Cartago que la hicieron en 2002, no quedé como otras decenas de familias. Somos familias que tal vez podríamos acceder a lo que llaman “vivienda social”, no a comprar a privados, pero ya casi no las construyen y cuando lo hacen, entregan unas pocas y las demás las venden a precios de mercado. Eso pasó en Costa Azul.

¿Y la calidad de las viviendas sociales?

Eso es lo otro. El condominio Vicente Huidobro son casas terribles, construidas con los peores materiales, se llovieron enteras, se inundaron, llenas de hongos. Otras viviendas sociales, El Faro, son torres que las han debido demoler dos veces. En Villa Génesis, la gente lleva 8 años viviendo y van a demandar a SERVIU porque están todos inundándose. Río Newen lo entregaron recién y vamos a ver cuánto va a durar… Juegan con el sueño de las personas pobres, tus sueños se empiezan a derrumbar… La mayoría de las viviendas sociales que han entregado en los últimos años son así. Las casas por subsidio, todas con problemas. En cambio, las casas que venden a privados, están bien. No hay calidad de vida para la gente pobre.

Es un negocio para las constructoras lo de los subsidios. SERVIU les pasa plata sin intereses para que hagan casas, construyen horriblemente y las desarman, luego esa misma constructora bajo otro nombre, vuelven a recibir plata de SERVIU para la construcción de otras casas y otras torres lamentables.

Cuando concluimos esta conversación con Andrea nos muestra sus árboles, su huerta, habla de “nuevos aires” para su hijo y reclama: “¡Cómo la gente igual a nosotros nos va a discriminar porque vivimos en tomas, si estamos buscando lo mismo que ellos, un hogar, y que el Estado no entrega! Algo que todo el mundo necesita”.

---

[1] Ricardo Posada Copano es dueño de varias constructoras: Santa María La Reina (también de Medel), Génova, Los Silos, Transex. Posee también con familiares una empresa de hormigones y una exportadora de fruta a EE.UU. Fue director de la Cámara Chilena de la Construcción y lideró Comité de Vivienda (2009 y 2010), por lo tanto, ha sido “juez y parte” en el negocio de la construcción privada y de la mala construcción de viviendas sociales que se pudren, se caen, se inundan y muchas veces deben ser demolidas.

[2] Incluso en el año 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su enorme preocupación porque el derecho a la vivienda no se considere una exigencia ante los tribunales de Chile.

[3] ACNUDH, derecho humano a una vivienda adecuada. Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada. https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en las observaciones generales del Comité N° 4, relativa al derecho a una vivienda adecuada (1991) y N° 7 relativa a los desalojos (1997).

[4] Animales domésticos que quedarían a su suerte en medio de una crisis de colonias ferales en poblaciones populares y perros abandonados en las calles y carreteras de Chile. Creemos que en mucho esta crisis han tenido que ver con los desalojos y demoliciones impulsivas, que los últimos años han lucido distintos alcaldes; así mismo, con el empobrecimiento progresivo y la severa carencia de políticas animalistas concretas a nivel local, regional y nacional.

[5] Gloria Maira Vargas, conocida feminista de los 90, ex subsecretaria de Sernam durante Bachelet II, involucrada en proceso constituyente con Abofem y otras instituciones, hoy delegada del ministro de la Vivienda, Carlos Montes. 

[6] Verónica Zorrila, encargada del Programa de Cooperativas y Autogestión del MINVU.