ACCIÓN POR LA MUERTE FEMICIDA DE CINDY ESTRADA MUÑOZ

No olvidar que en $hile se suicida a las víctimas si el agresor detenta poder

ACCIÓN POR LA MUERTE FEMICIDA DE CINDY ESTRADA MUÑOZ

X Lesbofeministas antirracistas Tierra y Territorio

Fue una acción convocada por feministas de la Asamblea Juan Antonio Ríos y Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio, en septiembre 2022 justo al año de la muerte femicida de Cindy el día 23 de septiembre 2021.

Hay víctimas que caen en el fuego de agentes del Estado. Este es el caso de Cindy Estrada Muñoz, quien murió hace un año y un mes, por el DISPARO que SALIÓ DEL ARMA DEL SUB-INSPECTOR DE la PDI, NICOLÁS ANTONIO CORTEZ ENCINA.

La Defensa Popular apoya el caso por medio de la abogada feminista Betsabé Carrasco quien presentó querella por “auxilio al suicidio” contra CORTEZ ENCINA, el agresor.

Defensa Popular debió nombrar así la querella pues el SML, la Fiscalía (Norte en este caso), y Carabineros de Chile, dan informes que amparan la versión del “suicidio”.

Para la madre de Cindy, sus hermanas, su compañera sexo-afectiva, sus amigas, y para nuestras organizaciones, ella no se suicidó.

Mientras para la abogada de la Defensa Popular, Betsabé Carrasco, esto es al menos un suicidio femicida. Pero en Chile con tanto supuesto “feminismo” en sus instituciones, no hay esa figura legal. Por eso la abogada ha planteado “auxilio al suicidio”.

A las mujeres en Chile y el mundo, con acoso, violencia y manipulaciones, se las induce a la muerte, se las mata, se las niega como víctimas. Y muchas veces se les niega e invisibiliza, se les desecha y no importan porque no son la “víctima perfecta”; no son aquella que se parece a la imagen racista y clasista de una mujer adecuada a los mandatos del patriarcado. 

Si el femicidio es abuso del poder masculino de cualquier agresor (una violación a los derechos humanos de las mujeres, siempre), la violación a los derechos humanos de Cindy Estrada Muñoz, toma rasgos de violencia institucional y de Estado: Es el Estado chileno el que utiliza sus recursos e instituciones para negar los hallazgos que colocan -al menos- dudas razonables en las muertes de víctimas por violencia patriarcal.

No se trata de un “mal funcionamiento de las instituciones”, es un proceder de las instituciones del Estado chileno hacia las mujeres y las disidencias sexuales, hacia las defensoras y hacia quienes se oponen a las injusticias territoriales.

Es parte de la violencia estructural contra las comunidades, contra la niñez en las figuras de hijos e hijas de las víctimas, es violencia contra las madres, las hermanas, las parejas sexo-fectivas, y contra toda la gente que les sobrevive.

En el caso de Cindy y cientos de otros casos, no hay solamente una violación de parte de un agresor individual, si no violencia de parte de un agente del estado; el Estado le sostiene y permite.