CLASE POLÍTICA-EMPRESARIAL: PELIGROSA Y EXTREMA
La clase política en alianza con la clase empresarial forman bandas peligrosas y extremas y son un alto factor de riesgo para mujeres y pueblos. Usan estrategias como intimidación, desprestigio, criminalización y sicariato[1]. El 43 por ciento de los defensores y defensoras asesinadas, son indígenas y el 12 por ciento mujeres.
En memoria de Macarena Valdés Yem
X victoria aldunate morales, Tierra y Territorio
“Yo vivo en un paraíso, solía decir Macarena, porque abajo teníamos un río, que según ella era su piscina, y nadie más tenía su paraíso… Mostraba su huerta orgullosa, hacía chiquero, cosía a mano y con el computador ponía música y bailaba”, es uno de los relatos de Rubén Collio antes de morir en extrañas circunstancias, cinco años más tarde que Macarena, quien murió el 22 de agosto de 2016.
La clase política en alianza con la clase empresarial forman bandas peligrosas y extremas y son un alto factor de riesgo para mujeres y pueblos. Usan estrategias como intimidación, desprestigio, criminalización y sicariato[1]. El 43 por ciento de los defensores y defensoras asesinadas, son indígenas y el 12 por ciento mujeres.
En 2019, en el mundo, cuatro (4) defensores o defensoras, fueron asesinadas cada semana. Entre 2012 y 2023 hubo 2.106 asesinatos por la defensa de la tierra. El año pasado (2024) fueron 257 y este año, ya van 81 asesinatos[2].
Latinoamérica es la región que concentra el 80 por ciento de estas víctimas a nivel mundial[3].
¿Cómo llegamos acá?: Con Nazis, Narcos y Dictaduras
La introducción del Narcotráfico a gran escala es la antesala de los asesinatos de defensoras en la región. Y fueron las dictaduras que desde los años 70, afianzaron el camino para los capitales trasnacionales, con sus siniestros servicios de seguridad, sus militares y policías, que mutaron a narcos, traficantes de armas y produjeron sicariatos.
Todos viriles y violentos, coordinados para eliminar sistemáticamente a quienes amenacen los intereses de los milmillonarios y las oligarquías, que -a veces- coinciden en sangre y parentesco. (Los milmillonarios son llamados así porque han acaparado tanto que su riqueza supera mil veces la riqueza de los que serían “solo” millonarios).
En Chile, Perú y Bolivia, se instaló el Narcotráfico junto con el Plan Cóndor.
Criminales nazis y narcos internacionales escaparon a esta región entusiasmados por el racismo y liberalismo de los dictadores, y encajaron perfecto con civiles fascistas.
Agentes de la SS y la Gestapo como Klaus Barbie, quien usaba el nombre de Klaus Altmann[4], fueron protegidos por dictadores como Hugo Banzer y García Meza.
El traficante sirio Monzer Al Kassar gozó del apoyo de Menem. Y su pariente, Yamal Edgardo Bathich Villarroel, chileno que traficaba droga en los motores que vendía en su empresa Bathich Motoren Ltda., era gran amigo y socio de Marco Antonio Pinochet, hijo del dictador. Bathich también era socio de Héctor Novoa Vázquez, hermano del derechista UDI, Jovino Novoa. Héctor Novoa tenía una empresa en Panamá: United Trading Motors Corp, que hacía inversiones en Chile y cuyo principal capital era justamente el de la Bathich Motoren[5]. Y el derechista Moreira, RN, cuando fue alcalde de La Cisterna (Santiago), bautizó una plaza en nombre del padre del narco Bathich.
En los 80, el dictador Pinochet habría entregado a la DEA[6] norteamericana “un avión lleno de traficantes”, y así despejó el negocio para llevarlo a cabo él, su ejército y su DINA-CNI. En los laboratorios policiales y militares, elaboraron una cocaína a la que llamaban “rusa”. El Ejército de Chile ingresaba toneladas de esta “cocaína rusa” a Europa, disimulada entre bombas de racimo.
La trama tráfico de armas, tráfico de drogas, se enreda con policías, ejércitos y gobiernos. Así han hecho su plata un número indeterminado de milmillonarios de la región: gracias la muerte y el terror sembrada por dictaduras.
En el siglo XXI lavan su plata en otro mejor negocio: transformar la naturaleza y a otros seres vivientes, en “recursos económicos”.
Los partidos políticos de todos los colores quieren ser gobierno, y se comprometen a priori -o sobre la marcha-, a espaldas de los pueblos, con las empresas extractivistas.
A cambio, la clase empresarial financia sus campañas políticas. Buen ejemplo tenemos en Chile con Boric entregando el litio hasta 2060, a SQM, una empresa controlada por el clan Pinochet, e involucrada en varios sobornos a políticos y políticas de derechas e izquierdas, que a su vez debieron defraudar al fisco para obtener su financiamiento[7].
Estos gobiernos comprometidos con los dueños del Dinero que hace Dinero sin producir nada de nada para los pueblos, permiten y a veces sostienen sicariatos para acallar activistas que puedan constituir obstáculos.
Impulsan proyectos a favor de Megaconstructoras de túneles, corredores bioceánicos y carreteras; de Mineras, Forestales, Hidroeléctricas, Pesqueras, Farmacéuticas y de la Industria de la Carne.
Crean modelos militarizados, construyen cárceles para empobrecidos, venden y compran armas, crean dispositivos digitalizados de seguridad, porque la guerra y la militarización es un muy buen negocio de este siglo, para lavar dinero. Luego lo justifican políticamente como “servicios a la patria”. Califican de terroristas y/o delincuentes a comunidades en resistencia. No cancelan al Gran Narco y no les importa la Trata de mujeres, otras personas, y animales. Sí les interesa conquistar la percepción de inseguridad que puede estar alejada de la cifra real de delitos. Amplifican mediáticamente -gracias a sus medios de comunicación de masas-, lo que les conviene develar: venta ambulante, migración, toma de terrenos de familias sin casa, delincuencia de empobrecidos. Las personas se conmocionan e internalizan un sentimiento de riesgo. Con ese “tratamiento” de la emoción ciudadana, los herederos de las dictaduras como Kast, Matthei o Kaiser, ya pueden darse por ganadores gracias a sus discursos nazis de seguridad.
Los oficialistas progre por su lado, necesitan colocarse al nivel de ellos, y detienen públicamente a vendedores callejeros, eslabones débiles del Narco, proyectan construcciones de cárceles, dan cifras de más y más encarcelados, matizando todo esto, con “medidas de género” y su nueva bandera: “los cuidados”.
También crean voladeros de luces como consultas, mesas de trabajo y comisiones.
Ejemplo en Chile: la Comisión Boric “de Paz y Entendimiento” que comunidades mapuche, rechazan por ser la continuidad del despojo.
Las defensoras
En Chile, en 2008 hubo –entre otros presos políticos- una presa política mapuche, Patricia Troncoso Robles, la Chepa, que debió estar en huelga de hambre más de 112 días, pues Bachelet en su gobierno I, no le daba respuesta. Fue el mismo año del asesinato de otro defensor mapuche, Matías Catrileo Quezada.
En Chile también, en 2013, fue encontrada “ahogada” en el lago Ralco, Nicolasa Quintremán Calpán, comunera mapuche quien había dicho: “Sólo muerta saldré de mis tierras”. Ella desde 1995 había liderado junto a su hermana Berta un movimiento popular y mapuche contra la trasnacional española Endesa y su construcción de la central “Ralco” en el curso superior del río Biobío. (Para sacarla, debió salir muerta).
En 2016, en Chile, hubo tres presas políticas mapuche de diversas comunidades en resistencia, acusadas de “robo” o “terrorismo” por defender o sobrevivir en su territorio:
Elena Rojas de la Comunidad Wente Winkul Mapu (Ercilla), Lorenza Cayuhán obligada por Gendarmería a parir engrillada y la Machi Linconao, acusada en un montaje político de haber atentado contra personas chilenas.
El mismo año, 2016, fueron asesinadas al menos 4 defensoras: En Chile, la misma Macarena Valdés de la Comunidad Newen de Tranguil, en medio de la resistencia a la Empresa trasnacional RP Global. En Honduras, Berta Cáceres Flores y Lesbia Yaneth Urquía, ambas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), en medio de luchas comunitarias contra el proyecto de la represa Hidroeléctrica Agua Zarca (DESA). Y en Brasil, Nilce de Souza Magalhães, dirigenta del MAB, quien lideraba la lucha contra la instalación de las hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau sobre el río Madeira en Rondonia.
En $hile, en octubre de 2018, murió en extrañas circunstancia, luego de amenazas policiales de funcionarios de la Séptima Comisaria de Valparaíso, Alejandro Castro, líder sindical de pescadores, que encabezó protestas en Quintero, Región de Valparaíso.
En Brasil, en 2019, fue asesinada Dilma Ferreira Silva, quien se oponía a la hidroeléctrica en el Río Tocantins de la Amazonía brasileña, Tucuruí.
En noviembre 2024, desaparecieron la comunera mapuche Julia Chuñil y su perrito.
Ella había advertido a su familia: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”. Juan Carlos Morstadt Anwandter, empresario agrícola, forestal y ganadero, dueño de la empresa E.I.R.L. Collilelfu Ltda., quería las tierras de Julia Chuñil, y ella se negaba.
El femicidio empresarial de Macarena Valdés Yem
Rubén Collio nos pidió que dijéramos Macarena Yem, donde Yem en mapudungun, significa ausencia de una persona amada que ha partido. Y “femicidio empresarial”, porque es el crimen contra una mujer defensora que se resiste al Capital como muchas se han resistido al Patriarcado, a la heterosexualidad como obligación, a diversos mandatos machistas y al lesboodio.
El día 1 de agosto de 2016, Macarena estuvo todo el día en el corte de camino de la comunidad mapuche en que vivía. La comunidad protestaba contra la empresa austriaco-chilena-española RP GLOBAL Energías renovables que proyectaba instalar cables de alta tensión en Liquiñe, Tranguil, Región de los Ríos.
El domingo 21 de agosto, llegaron a Tranguil, dos hombres en un vehículo con chofer y con el logo de la RP GLOBAL. Exigieron a la dueña del terreno en que vivían Macarena, Rubén y sus 4 hijos, que expulsara a esa familia del territorio. La dueña se negó, no tenía ninguna razón para echarlos, eran buenas personas. Antes de irse, los hombres de la RP GLOBAL dijeron que “algo muy malo podía pasarles (a Rubén y Macarena) si se quedaban en el territorio”. Al otro día, el 22 de agosto, Macarena apareció colgada en su hogar. Ocho días más tarde, el 30 de agosto, el Servicio Médico Legal de Valdivia emitió un informe de autopsia firmado por Enrique Rocco Rojas, médico legista, que decía: “asfixia por ahorcamiento”. Las instituciones de la In-justicia chilena, definieron aquello como “suicidio”.
El 29 de julio de 2017, casi un año más tarde, el forense Luis Ravanal Zepeda, experto en Medicina Legal, llevó a cabo un metaperitaje, que colocó en duda aquel informe oficial: “No es posible descartar la participación de terceras personas en la muerte de Macarena Valdés, no hay signos de vitalidad en la zona que comprime el cuello, ninguna prueba de que ella no haya estado muerta antes de ser colgada y el surco del cuello que presentaba Macarena, podría ser característico de una persona que fue colgada después de muerta”.
Seis meses más tarde, el 12 de enero de 2018, el perito independiente Ravanal Cepeda, esta vez junto a la doctora Carmen Cerda Aguilar, directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la U. de Chile, entregaron un segundo Informe Pericial Analítico basado en una segunda autopsia al cuerpo exhumado de Macarena Valdés. En sus conclusiones puntualizaba: “el estudio histopatológico de la piel de la región cervical confirmó la inexistencia de lesiones vitales, por lo que se puede considerar que se trataría de la suspensión cervical por lazo, de un cadáver, no de un individuo vivo”.
El 12 agosto de 2019, John Clark, Patólogo Forense de Glasgow en Reino Unido, y perito de la Corte Penal Internacional (un tribunal permanente que juzga crímenes de lesa humanidad) en sus “Comentarios sobre la muerte de Yudi Macarena Valdés Muñoz”, develó irregularidades de la primera autopsia del Servicio Médico Legal de Valdivia y subrayó que en el cuello de Macarena había “marcas muy irregulares, de naturaleza inusual, marcas de dedos y rasguños alrededor. Hay una posibilidad definitiva de que ella no muriera por ahorcamiento suicida, pero sí por estrangulación, de un objeto sostenido alrededor de su cuello por alguien más”[8].
Cuatro Meses más tarde, Valeria Moscoso Urzúa, experta en Psicología Clínica, Jurídico-Forense, aportó un nuevo informe de acuerdo a su investigación en el entorno psicosocial de Macarena: “Existen declaraciones de profesionales de la salud que afirman que Macarena no presentaba ningún indicio de depresión o cualquier otra alteración del ánimo. No presentaba enfermedades orgánicas, no tomaba fármacos ni padecía de ningún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. No tenía adicciones y nunca presentó ningún indicio que diera cuenta de conductas de tipo suicida (ideas, amenazas, gestos e intentos). Al momento de los hechos no se encuentra ningún tipo de factor de riesgo y, por el contrario, existe evidencia de múltiples y sustanciales factores protectores. Lo anterior contradice, con soporte en evidencia, las versiones que hablan sobre un supuesto suicidio, incluso de tipo impulsivo”.
El estado chileno y su gobierno progresista, hoy no menciona el caso que oficialmente sigue apareciendo como «suicidio».
RP Global, proyecto hidroeléctrico en Tranguil, fue autorizado por el gobierno de Sebastián Piñera. La empresa creó una serie de “nombres” en el centro y sur de Chile:
RP Global Chile Energías Renovables, RPI Chile Energías Renovables, RP El Torrente Eléctrica S.A., Central Hidroeléctrica Pangui, RP Butamalal Hidroeléctrica S.A., RP El Arroyo Energías Renovables S.A…Y puede haber otros.
Luego de las denuncias por la muerte de Macarena, RP GLOBAL simuló retirarse de Chile, pero su propiedad en Tranguil, está en manos del grupo CAP S.A., vinculado con la industria del acero y la industria minera junto con Energía de la Patagonia y Aysén Spa. (EPA) e Invercap S.A., que serían los actuales responsables de la mini central que fuera antes RP GLOBAL, y está bajo el nombre de Energía Eléctrica Tranquil.
A 9 años de impunidad, en el caso de Macarena Yem, defensora mapuche de la tierra y el territorio, volvemos a denunciar la complicidad E$tado-Capitalismo-Patriarcado
[1] ONG Global Witness, reporta que en 2023, se documentaron 196 casos de defensoras y defensores de la tierra asesinados, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres. En 2024 hubo 324 casos documentados en 32 países del mundo de asesinatos de defensoras y defensores de la tierra. Un total de 166 asesinatos fueron en Latinoamérica.
[2] Fronline Defenders, Defensoría del pueblo de Colombia, Global Witness.
[3] Las ONGs Front Line Defenders y Global Witness coinciden.
[4] que trabajó para agencias de seguridad de Inglaterra y EEUU, se instaló en Argentina y después en Bolivia, trabajó como torturador en Perú y Bolivia
[5] Libro “La delgada línea blanca» de Rodrigo de Castro
[6] Drug Enforcement Administration,
[7] SQM, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. entre 2009 y 2014 entregó más de 14 millones de dólares a 300 políticos y asesores de políticos, de derechas e izquierdas. En 2015, entre estos sobornos se vio implicada Michelle Bachelet Jeria, presidenta de Chile en ese tiempo. Se develó que fue sobornada como toda su coalición de izquierdas “Nueva Mayoría”, con plata para su campaña 2013, y que su Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo dio facturas falsas a cambio de plata a SQM. Esta empresa controla el estratégico Salar de Atacama, de Litio, desde 1995, ya que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Demócrata Cristiano, se lo entregó, a través de CORFO, Corporación de Fomento de la Producción del Gobierno de Chile. Opera desde el norte de Chile (Antofagasta y Tarapacá), y el dueño es Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Pinochet. Luego de la escandalosa entrega del Litio a su empresa (por Boric), Ponce Lerou habría traspasado el poder de SQM a su hija Francisca Ponce Pinochet, nieta del dictador, y reorganiza su sociedad para funcionalizar a su favor la estrategia nacional del litio. Aunque SQM ha estado involucrada en escándalos de financiamiento de la política, ha negociado (2018) la suspensión condicional del proceso, evitando así una condena formal. Ponce Lerou, está en la lista Forbes, con una fortuna de 2.3 mil millones de dólares y ocupa el segundo lugar en el ranking de los chilenos más enriquecidos. Es el controlador de SQM y tiene el 26% del grupo Pampa, conglomerado de empresas energéticas, que participan de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y de Nueva York (NYSE).
[8] Comentarios sobre la Muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz, diciembre 2019, Glasgow Reino Unido, enviado a Rubén Collio por medio de Amnistía Internacional.
