Tomas populares

“BUSCAMOS LO MISMO QUE LA DEMÁS GENTE, UN HOGAR”

El desalojo forzoso es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) lo subrayan. Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos con todas las enmiendas realizadas en el siglo XXI, pero –una vez más- este Estado se mueve turbiamente, pues, en la práctica, no reconoce lo que firmó, el derecho a la vivienda adecuada[2], en Chile decimos “vivienda digna”. Pero no es solo eso, es que además el estado chileno bajo el actual gobierno promulgó una ley que permite catalogar de “violentos usurpadores” a todos y todas quienes se agencian un espacio para habitar.

¿A QUIÉN LE SIRVEN LOS INCENDIOS DE VIÑA?

No es casual que una generala norteamericana se haya “reunido” con Boric en dos ocasiones para hablarle del litio , ni tampoco que diversos ministros chilenos de la administración actual, hayan reafirmado con entusiasmo que Mercosur es “nuestro cuarto socio comercial después de China, Estados Unidos y la Unión Europea”. Y si Chile aún no se gana ser miembro de Mercosur (aunque sea un “país asociado” desde 1996), Boric está solicitando su ingreso, algo para lo cual debe hacer méritos especialmente en el rol logístico de Chile –como plantea IIRSA- que necesita “reestructurar” los territorios dando paso a megaproyectos que faciliten el “corredor bioceánico” que conecta los puertos del Atlántico con los del Pacífico atravesando la Cordillera de los Andes y obteniendo el control de las fronteras. Para ello, deben ampliar los terminales del puerto de Valparaíso y del “Puerto Central” de San Antonio

La ley anti-tomas criminaliza al pueblo

el derecho a la vivienda en Chile no solo no se cumple sino que no es protegido por el estado e incluso se criminaliza y arriesga la vida de las comunidades que recuperan territorios para la vida digna. También se persigue y amedrenta a cualquier movimiento social que pretenda protestar y/o denunciar políticas injustas por medio de tomas pacíficas temporales, con objetivos de llamado de atención a las autoridades.