El caso de Gabriela Blas en Chile (2011)
“¡Libertad a Gabriela Blas!”[1]
X Victoria Aldunate Morales
Los jueces jusgan a Gabriela: “…estos sentenciadores pueden dar por acreditada una conducta anómala para una madre, independiente de su origen étnico…”. Esto es, los jueces chilenos del Juzgado de Garantía de Arica tienen derecho también a decretar “cómo debe ser una madre”, qué es “una madre normal”. Racistas como son no toman en cuenta la situación de clase y etnia de Gabriela Blas, ni la precariedad social en que ha vivido por siglos su pueblo, el aymara, especialmente en el territorio de un estado como Chile, que no mantiene políticas genuinas vinculadas a los derechos humanos de los pueblos originarios ni los reconoce como naciones y/o pueblos dentro de un territorio.
Actualmente, organizaciones de mujeres de la ciudad de Arica, también aymaras, aunque urbanas, entre ellas la revista “Mujer Incoveniente”, la acompañan y visitan con regularidad. Estuvimos con ellas y nos solicitaron relatar lo que saben, siempre con el fin de develar la verdad de Gabriela y denunciar la injusticia legal, social, cultural y de género que, afirman, se comete contra ella: Ha sido discriminada por ser mujer, por ser aymara, madre soltera y pobre; hay que decirlo.
Golpeada, violada, juzgada
Gabriela tiene hoy 27 años, su cédula de identidad dice que es chilena, pero es aymara. Tiene estudios básicos incompletos. Vivía en la Comuna del General Lagos (provincia de Parinacota) con algunos subsidios del estado y los escasos ingresos por su labor de pastora de ganado camélido.
Aquí inicia el relato: Su madre y su padre no tienen estudios formales, son ancianos, evangélicos y muy “humildes”. Desde pequeña tuvo que dedicarse al pastoreo de ganado, función que suelen hacer niñas en el altiplano desde que comienzan a caminar. El territorio suele ser solitario, seco, muy frío y montañoso.
Gabriela tuvo siete hermanos, la comunidad más próxima está a varios kilómetros, y el menor murió en la infancia, los mayores le llevaban bastante edad y hubo hermanos más cercanos en edad y vivencias. Con uno de ellos, Gabriela ha tenido una relación “más profunda y afectiva”. De pequeños pastoreaban juntos y se apoyaban en necesidades cotidianas. En esta relación -según explican- ella “no puede negarse a requerimientos diversos, incluso sexuales, porque el peso del poder de los hombres es muy grande, y rige los destinos de las mujeres”.
Es sorprendente que, entre los delitos imputados a Gabriela, está el incesto, aunque su hermano no mantiene cargos, y aunque ella fue violada a los 16 años por un tío mayor, éste está libre.
Nuevamente el relato de las mujeres: A los 6 años de edad, Gabriela es trasladada a vivir con una hermana mayor y su marido “para que ayude”. Ella recuerda que “la insultaban y castigaban a golpes muy a menudo”. Luego de su primer hijo producto de la violación de un tío a los 16 años, su historia no mejora, la mandan a vivir con otro hermano donde le exigen aún más trabajo agrícola, doméstico y de crianza. Ahí siguió viviendo agresiones y golpes, se le reprochaba haber provocado la violación del tío y ser “madre soltera”. Unos años más tarde, su madre se enfermó y Gabriela fue a cuidarla. Por ese tiempo, logró un trabajo de ayudanta de cocina en un restaurant al paso y conoció a un chofer del cual se enamoró y con quien tuvo a su segundo hijo.
Tuvo tres hijos en total, la más pequeña, una niña. Ella solía pedir ayuda para el cuidado de los niños a familiares. Pero un día decidió comenzar a llevarse al niño de 4, a pastorear con ella porque había descubierto que “no estaba bien cuidado, dado que observó marcas de golpes en su cuerpo”. El día que ese hijo desapareció, se le habían perdido dos llamas y para ir a recuperarlas, lo dejó acomodado en un aguayo. Las mujeres subrayan que un aguayo es un implemento de protección para el pueblo aymara, que la gente aymara, suponemos que en un aguayo nada malo podría pasarle a una persona, y que en ese espíritu, Gabriela prefiere dejarlo ahí que llevarlo con ella a buscar a los animales; también porque lo ve cansado y de mal humor. “Tuve que dejarlo –se disculpó- no lo llevé por que se enoja. Con mi hermana aprendió a ser muy enojón, rabioso y porfiado. El preguntaba por su juguete, un auto, porque le gustaban mucho los autos. Me pedía irnos a la casa, pero yo no podía, tenía que buscar a los animales. Y además siempre que yo lo dejaba, me esperaba, nunca había sido porfiado…”. Pero cuando Gabriela volvió, aunque lo buscó hasta el anochecer, no lo encontró.
“Los carabineros me habían retado tanto”
A la mañana siguiente del 23 de julio de 2007, en que se perdió su hijo, Gabriela siguió buscando sin éxito. Caminó más de 17 kilómetros hasta la vivienda de su familia para conseguir apoyo y denunció en Carabineros, pero en ese retén le informaron que tenía que ir a otro. Pasó una noche antes de que iniciaran la búsqueda del niño, y además comenzaron a presionarla porque no había denunciado por radio y a culparla porque se había equivocado de retén.
Gabriela relata sobre su detención: “Yo no sabía que en Humapalca había radio y no sé hablar por radio, tampoco sabía que Caicone pertenecía a Tacora. Yo aceptaba todo lo que me decían. Me sentía muy mal porque se me perdió mi hijo. Cuando me preguntaban yo decía que sí, que era así, que lo que ellos quisieran que dijera yo, estaba bien y era lo que había pasado. Yo les tenía mucho miedo ¡Me habían retado tanto!”.
Fue detenida por carabineros y posteriormente por Investigaciones. En vez de ser formalizada 24 horas después de su detención, se la formalizó solo cerca de diez días más tarde, el 2 de agosto, por lo tanto estuvo detenida ilegalmente. En 2007 fue acusada por “obstrucción a la justicia, incesto y abandono de menor”. En 2008 se encontró el cuerpo de su hijo y fue acusada de “abandono con resultado de muerte”. En abril del 2010 fue condenada a 10 años y 1 día, pero ese fallo fue anulado por la Corte de Apelaciones de Arica y en octubre del mismo 2010, se realizó un segundo juicio contra Gabriela Blas. El 10 de agosto de 2010, los jueces del Juzgado de Garantía de Arica, le agregaron dos años más de condena y quedó con 12 de presidio por el delito de “abandonar con causa de muerte” a su hijo de 3 años.
Mujeres chilenas y aymaras organizadas en Arica exigen su libertad a un estado, cuyo presidente derechista, Piñera, acaba de ofrecer guerra a Bolivia en caso de que ese país insista en su exigencia de salida al mar… El derecho internacional no sirve de nada en Chile, tampoco las políticas “de género”, “de pueblos indígenas” y las supuestas “capacitaciones” a los jueces, han servido de nada a Gabriela. Los fiscales no distinguen la violencia hacia las mujeres de sus juicios racistas contra ellas y sus pueblos.
ACTUALIZACIÓN 2024
Gabriela estuvo 3 años en prisión preventiva, 5 meses, aislada y en total casi 5 años presa. No se le leyeron sus derechos, ni se le permitió el acceso a una defensa legal adecuada. Sufrió torturas en su detención, pero estos hechos denunciados por ella, no fueron investigados. Fue privada de cualquier relación con sus otros dos hijos durante su detención en la cárcel de Arica. Su hija menor fue dada en adopción internacional, a pesar de que ella se opuso. No se consideró la pertenencia de la niña al pueblo indígena Aymara.
En mayo de 2012, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile otorgó un indulto parcial a favor de Gabriela, reduciendo la pena principal impuesta de doce años de presidio mayor a una pena de seis años. Tiempo después fue favorecida con un indulto general y liberada. Ella sufrió gran rechazo de su comunidad, ya que fue percibida como parricida. Perdió el apoyo de su comunidad y se mudó de ciudad, en una situación de extrema indigencia.
En mayo de 2011, la CIDH recibió una petición en la cual se denunciaba la responsabilidad internacional del Estado chileno por las violaciones de los derechos de Gabriela Blas y su hija.
En junio de 2016, hubo una solución que el Estado de Chile y los organismos de derechos humanos nombran “amistosa”: El Estado le proporciona una pensión de por vida, le entrega una vivienda, elimina sus antecedentes penales y “le da opción para que, cumplidos los 18 años, su hija sepa del contexto en el que fue dada en adopción y tenga la información para contactar a su madre”.
Entre otras medidas, el Estado chileno se comprometió “como medidas de no repetición a capacitar a sus funcionarios en temas de derechos humanos de las mujeres indígenas, acceso a la justicia y protección especial de la infancia indígena”[2].
[1] A principios del año en curso (2011) una compañera trabajadora de una ONG de Bolivia que había recibido un informe social con el “caso” de Gabriela Blas Blas, solicitó nuestro apoyo político, pero –aunque insistimos- ella no volvió a comunicarse con nosotras. Entonces decidimos que teníamos que buscar a compañeras feministas de Arica que nos orientaran. En mayo 2011, contactamos en Arica a mujeres de base y defensoras en la marcha contra Hidroaysen, con un lienzo que pedía “Libertad para Gabriela”. Referimos en este artículo lo que ellas nos relataron.
[2] Información de la CIDH, Comisión Interamericana de DD.HH., y de la Defensoría Penal Pública
